Hundimiento del Presupuesto General de la Nación 2025 en el Congreso: Gobierno recurrirá a decreto presidencial

El Presupuesto General de la Nación para 2025, que el gobierno nacional pretendía aprobar por un monto de $523 billones, se hundió en las comisiones económicas del Congreso. Ante la falta de consenso, el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá el presupuesto por decreto, lo cual abre la puerta a posibles demandas y a una eventual caída del decreto en la Corte Constitucional.

Un presupuesto sin consenso

Ninguna de las cuatro comisiones económicas logró aprobar un monto definitivo para el presupuesto de 2025. El gobierno, liderado por el Ministerio de Hacienda, proponía $523 billones, mientras que un sector encabezado por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sugirió reducirlo a $511 billones. Por su parte, la senadora Angélica Lozano presentó una propuesta aún más austera de $499 billones. A pesar de los intentos de conciliación y de largas jornadas de debate, no se alcanzó un acuerdo.

La situación se complicó aún más cuando, en la ponencia presentada el lunes, se evidenció que se habían retirado $2.5 billones del presupuesto destinado a la Registraduría Nacional, recursos cruciales para el año preelectoral que será 2025. Este movimiento generó un fuerte malestar y críticas tanto dentro del Congreso como en sectores políticos externos.

Un final anunciado

Tras largas intervenciones de aliados y opositores, pasadas las dos de la tarde, el presupuesto recibió su sentencia final y se hundió. De esta manera, el gobierno quedó en la obligación de expedirlo por decreto. “El presupuesto que se decretará será el mismo que el gobierno presentó al Congreso”, afirmó el presidente Petro, dejando claro que no habrá modificaciones a la propuesta inicial de $523 billones.

El director de Planeación, Alexander López, calificó este fracaso como una derrota no para el gobierno, sino para “los colombianos más necesitados, que esperaban la aprobación de partidas para financiar programas sociales”. López aseguró que los senadores eludieron el debate y el diálogo, poniendo en riesgo la implementación de iniciativas esenciales para el próximo año.

Reacciones en el Congreso

El senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, expresó su preocupación por la situación, señalando que el presupuesto decretado por el presidente “muy seguramente será declarado ilegal por la Corte Constitucional”. Según Lemos, en ese caso, se deberá adoptar el mismo monto del presupuesto del presente año, lo que generaría un grave problema para la financiación de nuevos proyectos y programas sociales.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, ponente en la Comisión Cuarta, fue crítica con la administración actual: “Necesitamos que el gobierno se concentre en gobernar. Estar metido en tantos conflictos, viendo fantasmas en todos lados, hace que abandone lo único que realmente le toca hacer, y es gobernar”. Lozano lamentó que una discusión tan importante como el presupuesto haya terminado en un decreto presidencial. “El gobierno tiene que decretar el 21 de octubre lo que presentó como proyecto de presupuesto en julio pasado”, concluyó.

Camino a la Corte Constitucional

La expedición del presupuesto por decreto abre un panorama incierto y tenso en el escenario político colombiano. Expertos en derecho constitucional advierten que, al no contar con la aprobación del Congreso, el decreto podría ser demandado ante la Corte Constitucional, lo que podría derivar en su anulación. En ese caso, el país se vería obligado a operar con el presupuesto vigente del 2024, un escenario que generaría un déficit significativo y complicaría la financiación de proyectos esenciales.

Reforma tributaria en la mira

En paralelo, el gobierno tiene pendiente el trámite de la reforma tributaria, la cual entró por la Cámara y aún no tiene ponentes designados. Esta reforma busca recaudar $12 billones para cubrir el déficit fiscal reconocido por el equipo económico del gobierno. Ante la compleja situación del presupuesto, el ejecutivo podría enviar un mensaje de urgencia para que las comisiones económicas discutan y aprueben la reforma con celeridad, en un intento por aliviar las tensiones fiscales y lograr un margen de maniobra en medio de la incertidumbre.

El panorama es incierto y el gobierno enfrenta un desafío significativo para garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo de sus programas en 2025. Con el decreto presupuestal y la reforma tributaria como cartas principales, el presidente Gustavo Petro y su equipo económico deberán sortear un camino lleno de obstáculos en los próximos meses.